Tras mucho más de un año sin escribir, ya era hora de retomar esto de escribir en Mente Fría ¡Pensemos!. Quien me conozca, sabe que servidor no suele retomar ciertas cosas que empezó, pero algún día tenía que volver, y qué mejor día que hoy con más experiencia y conocimientos que hace más de un año.
Bueno, yendo al grano, el título lo dice todo. En una realidad económica donde ni los tecnócratas saben que hacer para salir de la recesión, salvo lanzar dardos envenenados a quienes apenas han visto beneficios en tiempos de bonanza económica y renegar la posibilidad de implantar políticas de crecimiento, ahora se le añaden los desahucios (suicidios incluidos) merced a una ley hipotecaria injusta y abusiva (ésto dicho por la Unión Europea, cumbre hegemónica del neoliberalismo por excelencia). De hecho, ésta realidad que vivimos hoy día en un país desarrollado y, supuestamente, democrático, constituye una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía, junto con los políticos, la corrupción y otros problemas que darían bastante de sí comentarlos.
Pero no nos vayamos del título. Es evidente que un sistema capitalista se escuda en la promulgación de una serie de normas, ya sean con o sin rango de ley, que consolide su poder en las instituciones para someter a la ciudadanía al imperio del libre mercado. Uno de esos pilares legales sobre los que se asienta una economía capitalista es el, en nuestro caso, el artículo 38 de la Carta Magna (dentro del Capítulo II del Título I, para quien no lo sepa, donde se recogen los derechos fundamentales).
Pero no nos engañemos, estamos ante la punta del iceberg. Siendo más técnicos, el artículo 8.2 de la Ley del IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) ya recoge la posibilidad de que, tras trasladar su residencia fiscal (no es residencia habitual) a un paraíso fiscal, valga la redundancia, esa persona física pierda la condición de contribuyente y, por tanto, la Hacienda Pública no vea un céntimo de es@ señor/a. En cristiano, que esa persona que deposita su cuenta en un paraíso fiscal o territorio cuya presión tributaria es súper reducida, tras cuatro años puede mover los billetes que quiera por aquí que la Hacienda española no va a catar un solo céntimo. Hay que decir que esa persona no suele depositar en esas cuentas una nómina de trabajador/a de a pie. Ese tipo de personas se asemejan (o son) a las pertenecientes a una SICAV.
Ya hemos identificado a l@s sujetos que forman parte de ese chantaje tributario. Pero claro, un chantaje precisa de algún elemento para que la otra parte, en nuestro caso el legislador tributario, actúe de una determinada manera, es decir, que se regulen ventajas fiscales a las grandes rentas o empresas multinacionales.
Bien, supongamos que el legislador hace exactamente lo contrario y le sube a las grandes empresas o capitales el tipo impositivo como pasó en Francia con lo de Gerard Depardieu y otros más. Por ejemplo, el Banco Santander podría cabrearse porque les exigen "un esfuerzo" y se marcharían a otro país que les trate mejor. Esto es: retiran sus sucursales, por lo que se destruye el empleo que hayan generado, menos gente domiciliará allí sus nóminas, por lo que menos gente consumirá un producto financiero y, con ello, no se recaudará el hecho imponible que de ello pudiera derivarse... Es la pescadilla que se muerde la cola: pierdes empleo, por tanto consumidores, los cuales no tributarán porque no van a consumir nada que de lugar a pagar el 21% del famoso IVA, por ejemplo. En resumen, sale más caro subirles impuestos a las inmensas fortunas que recaudar las migajas de los beneficios que éstos puedan generar.
Es un chantaje en toda regla bendecido por el libre mercado. Si le suben los impuestos a una multinacional, recoge los bártulos y se va a donde le traten mejor. Así de fácil resulta para una empresa obtener un mayor número de beneficios brutos. Vamos, que al Estado no queda otra que tratar bien a sus huéspedes financieros si no quieren quedarse en bancarrota y convertirse en una Cuba o una Venezuela donde, según los medios desinformativos de éste nuestro país, abunda la pobreza, el caudillismo y la miseria a raudales.
Bueno, yendo al grano, el título lo dice todo. En una realidad económica donde ni los tecnócratas saben que hacer para salir de la recesión, salvo lanzar dardos envenenados a quienes apenas han visto beneficios en tiempos de bonanza económica y renegar la posibilidad de implantar políticas de crecimiento, ahora se le añaden los desahucios (suicidios incluidos) merced a una ley hipotecaria injusta y abusiva (ésto dicho por la Unión Europea, cumbre hegemónica del neoliberalismo por excelencia). De hecho, ésta realidad que vivimos hoy día en un país desarrollado y, supuestamente, democrático, constituye una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía, junto con los políticos, la corrupción y otros problemas que darían bastante de sí comentarlos.
Pero no nos vayamos del título. Es evidente que un sistema capitalista se escuda en la promulgación de una serie de normas, ya sean con o sin rango de ley, que consolide su poder en las instituciones para someter a la ciudadanía al imperio del libre mercado. Uno de esos pilares legales sobre los que se asienta una economía capitalista es el, en nuestro caso, el artículo 38 de la Carta Magna (dentro del Capítulo II del Título I, para quien no lo sepa, donde se recogen los derechos fundamentales).
Pero no nos engañemos, estamos ante la punta del iceberg. Siendo más técnicos, el artículo 8.2 de la Ley del IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) ya recoge la posibilidad de que, tras trasladar su residencia fiscal (no es residencia habitual) a un paraíso fiscal, valga la redundancia, esa persona física pierda la condición de contribuyente y, por tanto, la Hacienda Pública no vea un céntimo de es@ señor/a. En cristiano, que esa persona que deposita su cuenta en un paraíso fiscal o territorio cuya presión tributaria es súper reducida, tras cuatro años puede mover los billetes que quiera por aquí que la Hacienda española no va a catar un solo céntimo. Hay que decir que esa persona no suele depositar en esas cuentas una nómina de trabajador/a de a pie. Ese tipo de personas se asemejan (o son) a las pertenecientes a una SICAV.
Ya hemos identificado a l@s sujetos que forman parte de ese chantaje tributario. Pero claro, un chantaje precisa de algún elemento para que la otra parte, en nuestro caso el legislador tributario, actúe de una determinada manera, es decir, que se regulen ventajas fiscales a las grandes rentas o empresas multinacionales.
Bien, supongamos que el legislador hace exactamente lo contrario y le sube a las grandes empresas o capitales el tipo impositivo como pasó en Francia con lo de Gerard Depardieu y otros más. Por ejemplo, el Banco Santander podría cabrearse porque les exigen "un esfuerzo" y se marcharían a otro país que les trate mejor. Esto es: retiran sus sucursales, por lo que se destruye el empleo que hayan generado, menos gente domiciliará allí sus nóminas, por lo que menos gente consumirá un producto financiero y, con ello, no se recaudará el hecho imponible que de ello pudiera derivarse... Es la pescadilla que se muerde la cola: pierdes empleo, por tanto consumidores, los cuales no tributarán porque no van a consumir nada que de lugar a pagar el 21% del famoso IVA, por ejemplo. En resumen, sale más caro subirles impuestos a las inmensas fortunas que recaudar las migajas de los beneficios que éstos puedan generar.
Es un chantaje en toda regla bendecido por el libre mercado. Si le suben los impuestos a una multinacional, recoge los bártulos y se va a donde le traten mejor. Así de fácil resulta para una empresa obtener un mayor número de beneficios brutos. Vamos, que al Estado no queda otra que tratar bien a sus huéspedes financieros si no quieren quedarse en bancarrota y convertirse en una Cuba o una Venezuela donde, según los medios desinformativos de éste nuestro país, abunda la pobreza, el caudillismo y la miseria a raudales.
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